Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra dos disposiciones penales. Por mayoría, acogió la impugnación del artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluía de las penas sustitutivas de privación de libertad a ciertos condenados, por considerar que esa exclusión era desproporcionada e inequitativa, pues no guardaba relación con la gravedad del delito, medida principalmente por el quantum de la pena, y era inidónea para la reinserción social y la protección de la víctima. Rechazó, en cambio, la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas, al estimar que no restringía indebidamente la facultad del juez para individualizar la pena ni vulneraba la igualdad ante la ley o la proporcionalidad. En su voto particular, un ministro concurrió a acoger el requerimiento, sosteniendo que la tramitación de juicios orales penales en línea no permite cumplir en plenitud los principios de oralidad, inmediación y publicidad, y que la brecha digital genera desigualdades de acceso que afectan el debido proceso.