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La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 911,…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 911, de 2011, de la Dirección de Vialidad, que aprobaba la liquidación final del contrato de obras de emergencia en la Ruta G-80-I, provincia de San Antonio, V Región. El organismo constató que no se remitieron los documentos de la evaluación estadística exigida para la partida 501-1 (hormigón grado H-5), según las especificaciones técnicas especiales, ni para la partida 607-1 (soleras tipo A), conforme al M.C.V. 5. Además, faltaba la factura vinculada al estado de pago N° 3, y las facturas de los estados de pago N° 1 y 2 resultaban ilegibles. Por estas omisiones documentales, el dictamen no permitió tramitar la liquidación.

Normas citadas

  • Resolución N° 911, de 2011
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Contraloría tomar razón de una resolución que aprueba la liquidación final de un contrato de obras si le faltan documentos de respaldo?

No. En este caso, la Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución de la Dirección de Vialidad que aprobaba la liquidación final, porque no se remitió la evaluación estadística exigida para la partida de hormigón y los antecedentes de la partida de soleras, además de faltar una factura y ser ilegibles otras dos.

¿Qué documentos debe acompañar la Administración para que se tramite la liquidación de un contrato de obra pública en Chile?

En este caso, el organismo exigió la evaluación estadística de la partida de hormigón según las especificaciones técnicas especiales, los antecedentes de la partida de soleras conforme al M.C.V. 5, y las facturas vinculadas a cada estado de pago, en forma legible. La falta de esos antecedentes impidió tramitar la liquidación.

¿Qué ocurre si las facturas de los estados de pago de un contrato público están ilegibles al momento de liquidar?

En este caso, la Contraloría sostuvo que las facturas de los estados de pago N° 1 y 2 resultaban ilegibles y que faltaba la factura del estado de pago N° 3, lo que constituyó una omisión documental que no permitió tramitar la liquidación final.

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