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El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2023

Resumen

El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el inciso primero, segunda parte, del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito (Ley N° 18.290), que exige el cumplimiento efectivo de un año de pena privativa de libertad antes de poder ejecutar una pena sustitutiva. El tribunal analizó la igualdad ante la ley, la proporcionalidad y el debido proceso, y señaló que la conducción es una actividad de alto riesgo para la integridad y la vida de las personas, por lo que el reproche penal asociado es elevado, y que la licencia de conducir no es un derecho fundamental. Con todo, acogió parcialmente el requerimiento, declarando la inaplicabilidad de la parte de la norma relativa al año de presidio efectivo y al acceso al sistema alternativo de penas. La decisión no crea un derecho a la pena alternativa, sino que devuelve al juez del fondo la facultad de determinar si corresponde aplicar una pena sustitutiva o presidio efectivo.

Normas citadas

  • artículo 196 ter, frase "primero segunda parte", de Ley N° 18.290
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadPrincipio de proporcionalidad de la PenaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual

Preguntas frecuentes

¿Tiene la licencia de conducir protección como derecho fundamental frente a sanciones penales por delitos de tránsito?

En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que la licencia de conducir no es un derecho fundamental. Además, sostuvo que conducir es una actividad de alto riesgo para la vida e integridad de las personas, lo que justifica un reproche penal elevado.

¿La declaración de inaplicabilidad de un precepto penal crea un derecho a obtener una pena alternativa?

En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que su decisión no crea un derecho a la pena alternativa. Solo devuelve al juez del fondo la facultad de determinar si corresponde aplicar una pena sustitutiva o presidio efectivo.

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