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La Corte Suprema conoció un recurso de amparo presentado a favor de un condenado al que…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte Suprema conoció un recurso de amparo presentado a favor de un condenado al que el Juzgado de Garantía de San Fernando ordenó ingresar a un establecimiento penitenciario como rematado, tras revocar una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. La Corte de Apelaciones de Rancagua había rechazado el amparo. La Corte Suprema revocó esa decisión y acogió el recurso, por considerar que la orden de ingreso a prisión debe fundarse en una sentencia ejecutoriada, conforme al artículo 79 del Código Penal, y que la resolución impugnada, al ser interlocutoria y tratarse de la ejecución de una pena privativa de libertad, no cumplía ese requisito. En consecuencia, dejó sin efecto la orden de ingreso, dispuso la libertad del amparado si no estaba privado de ella por otra causa y ordenó abstenerse de ingresarlo mientras no se resuelva la apelación pendiente contra la revocación de la pena sustitutiva.

Normas citadas

  • Artículo 79 del Código Penal
  • Artículo 37 de la Ley N° 18.216
  • Artículo 21 de la Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes

¿Puede un juzgado ordenar el ingreso a prisión de un condenado que cumple una pena sustitutiva si esa orden no está fundada en una sentencia ejecutoriada?

No. En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la orden de ingreso debe fundarse en una sentencia ejecutoriada, conforme al artículo 79 del Código Penal, y que la resolución impugnada, por ser interlocutoria, no cumplía ese requisito. Por ello acogió el amparo y dejó sin efecto la orden.

¿Qué efecto tiene la apelación pendiente contra la revocación de la libertad vigilada intensiva sobre el ingreso al establecimiento penitenciario?

En este caso, la Corte Suprema ordenó abstenerse de ingresar al condenado mientras no se resuelva la apelación pendiente contra la revocación de la pena sustitutiva. Asimismo, consideró que la ejecución de una pena privativa de libertad requiere sentencia ejecutoriada, en virtud del artículo 21 de la Constitución y del artículo 37 de la Ley N° 18.216.

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