Se trata de una acción de amparo económico interpuesta por un empresario en contra de l…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
Se trata de una acción de amparo económico interpuesta por un empresario en contra de la Municipalidad de Vallenar, que había puesto término a la patente de un establecimiento de máquinas de entretenimiento por falta de certificación de la Superintendencia de Casinos y Juegos. La municipalidad sostuvo que las máquinas no correspondían al catálogo autorizado y que no se había acreditado su legalidad. El tribunal rechazó la excepción de cosa juzgada opuesta por la municipalidad y, en cuanto al fondo, rechazó el amparo. Consideró que la Superintendencia es la autoridad competente para confeccionar y administrar el catálogo de juegos de azar conforme a la Ley N° 19.995, que la municipalidad actuó dentro de sus facultades al exigir la documentación que acreditara la pertenencia de las máquinas a dicho catálogo, y que la denegación del cambio de domicilio o nombre era imputable al actor, quien no acompañó el certificado requerido. Por ello, no existió infracción a la garantía del artículo 19 N° 21 de la Constitución. Cada parte pagará sus costas.
Normas citadas
Ley N° 19.995
Ley N° 18.971
Artículo 3 letra b) Ley N° 19.995
Artículo 6° Constitución Política de la República
Artículo 7° Inciso 2° Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 21 Constitución Política de la República
Artículos 19 y 20 Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes
¿Cuándo se entiende que una municipalidad vulnera la libertad económica al negar un cambio de domicilio o nombre de una patente?
En este caso, el tribunal consideró que no hubo infracción a la garantía del artículo 19 N° 21 de la Constitución, porque la denegación fue imputable al actor, quien no acompañó el certificado requerido. Por ello rechazó el recurso de amparo económico.
¿Procede el amparo económico contra una municipalidad y qué efecto tiene la cosa juzgada opuesta por esta?
En este caso, la Corte Suprema rechazó la excepción de cosa juzgada opuesta por la municipalidad y, en cuanto al fondo, rechazó el amparo económico. Cada parte pagará sus costas.
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