El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa interpuesto contra el Servicio Nacional de Migraciones. La reclamante se quejó de la demora en la respuesta a una solicitud de permanencia definitiva, pero el Consejo concluyó que su presentación no reclamaba la falta de completitud o de acceso a la información que los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento obligan a publicar en los sitios electrónicos de los órganos de la Administración del Estado. Al no existir una infracción a esas normas, el reclamo carecía de un elemento habilitante para su interposición. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quince días corridos desde su notificación.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadGrupos de interés especial
Preguntas frecuentes
¿Procede reclamar al Consejo para la Transparencia por la demora en responder una solicitud de permanencia definitiva a un servicio público?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el reclamo porque la demora en responder la solicitud no constituía una infracción a las normas de transparencia activa de los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento. Sin esa infracción, el reclamo carecía de un elemento habilitante.
¿Cuál es el plazo para reclamar de ilegalidad contra una decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo?
En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quince días corridos desde la notificación.
¿Qué obligaciones de transparencia activa deben cumplir los órganos de la Administración del Estado en sus sitios electrónicos?
En este caso, el Consejo sostuvo que los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento obligan a publicar en los sitios electrónicos la información pertinente, y que un reclamo debe fundarse en la falta de completitud o de acceso a esa información.
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