El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información pública interpuesto por una persona contra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La recurrente pedía una explicación sobre por qué recibió un correo de postulación a un subsidio que, según indicó, no había solicitado. El Consejo concluyó que esa petición no constituye ejercicio del derecho de acceso a la información pública regulado por la Ley de Transparencia, sino del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución, por lo que no corresponde pronunciarse sobre ello en esa sede. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos, pero no recurso de reposición.
Normas citadas
Constitución Política de la República
amparoDecisión de inadmisibilidadGrupos de interés especial
Preguntas frecuentes
¿Puede el Consejo para la Transparencia conocer de un amparo cuando la solicitud busca una explicación y no el acceso a documentos públicos?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el amparo porque la petición de explicación no constituye ejercicio del derecho de acceso a la información pública de la Ley de Transparencia, sino del derecho de petición del artículo 19 N° 14 de la Constitución, por lo que no le corresponde pronunciarse en esa sede.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos, y no recurso de reposición.
¿Es el derecho de petición del artículo 19 N° 14 de la Constitución lo mismo que el derecho de acceso a la información pública?
En este caso, el Consejo sostuvo que son derechos distintos: la solicitud de explicación sobre el envío de un correo se enmarca en el derecho de petición constitucional y no en el derecho de acceso regulado por la Ley de Transparencia.
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