El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso. La presentación tenía por objeto denunciar el no pago de un finiquito, y no reclamar por la falta de publicación o completitud de la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos conforme al artículo 7º de la Ley de Transparencia y al artículo 51 de su Reglamento. Por ello, el Consejo concluyó que el reclamo carecía de un elemento habilitante para su interposición. Contra esta decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, en el plazo de quince días corridos desde la notificación, y no el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadJusticia
Preguntas frecuentes
¿Procede reclamar al Consejo para la Transparencia por el no pago de un finiquito?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el reclamo porque denunciaba el no pago de un finiquito, y no la falta de publicación o completitud de la información de transparencia activa que deben mantener los órganos de la Administración del Estado conforme al artículo 7º de la Ley de Transparencia y al artículo 51 de su Reglamento.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo?
En este caso, el Consejo sostuvo que contra su decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, en el plazo de quince días corridos desde la notificación, y no el recurso de reposición.
¿Qué se requiere para que un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa sea admisible ante el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo concluyó que el reclamo carecía de un elemento habilitante, porque no cuestionaba la falta de publicación o completitud de la información de transparencia activa que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos.
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