El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Subsecretaría de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Subsecretaría de Prevención del Delito, que había negado información sobre el funcionario que cumple el rol de punto focal del Plan Nacional de Derechos Humanos. El órgano reclamado no explicó por qué el organismo derivado era el competente para entregar esa información. El Consejo recordó que, al tratarse de información sobre la función pública, rigen los principios de probidad y transparencia de los artículos 8 de la Constitución y 3 de la Ley de Transparencia, que obligan a los funcionarios de la Administración del Estado a transparentar sus actuaciones. En consecuencia, ordenó a la Subsecretaria entregar el nombre del funcionario en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, acreditando la entrega ante el Consejo. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Se puede pedir el nombre de un funcionario público que cumple un rol específico dentro de un plan del Estado?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó entregar el nombre del funcionario que cumplía el rol de punto focal de un plan nacional, por tratarse de información sobre la función pública regida por los principios de probidad y transparencia.
¿Qué pasa si un organismo niega información alegando que otro servicio es el competente para entregarla?
En este caso, el Consejo consideró que el organismo reclamado no explicó por qué el servicio derivado era el competente, por lo que el amparo fue acogido y se ordenó la entrega de la información.
¿Qué plazo tiene la Subsecretaría para entregar la información tras una decisión del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó entregar la información en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, debiendo acreditar la entrega ante el propio Consejo.
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