El Consejo para la Transparencia analizó un amparo de acceso a la información pública p…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026
Resumen
El Consejo para la Transparencia analizó un amparo de acceso a la información pública presentado contra la Municipalidad de Quillota, relativo a los vínculos internacionales de esa entidad. Al examinar la admisibilidad, el Consejo advirtió que no existía coincidencia entre la persona que había solicitado la información y quien interpuso el amparo. Conforme al artículo 46 del Reglamento de la Ley de Transparencia, se otorgó un plazo de cinco días hábiles para subsanar la omisión, advirtiendo que de no hacerlo se declararía inadmisible. Como el reclamante no realizó presentación alguna, el Consejo declaró inadmisible el amparo, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Transparencia y el citado artículo 46 del Reglamento.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si quien presenta un amparo de transparencia no es la misma persona que hizo la solicitud de información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia advirtió que no había coincidencia entre el solicitante y quien interpuso el amparo. Concedió un plazo de cinco días hábiles para subsanarlo y, al no hacerlo el reclamante, declaró inadmisible el amparo conforme al artículo 46 del Reglamento de la Ley de Transparencia.
¿Cuál es el plazo para subsanar un defecto en un amparo ante el Consejo para la Transparencia?
Según el documento, el Consejo otorgó un plazo de cinco días hábiles para subsanar la omisión, advirtiendo que de no hacerlo se declararía inadmisible. Esto se fundó en el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Transparencia.
¿Cuándo declara inadmisible el Consejo para la Transparencia un amparo de acceso a la información?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el amparo porque el reclamante no subsanó la falta de coincidencia entre solicitante y reclamante dentro del plazo otorgado. La decisión se basó en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y en el artículo 46 de su Reglamento.
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