El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de Isla de Maipo y ordenó la entrega de información estadística sobre las personas contratadas por el municipio bajo la Ley N°21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. El Consejo fundamentó su decisión en que la información puede desprenderse de registros y antecedentes que el órgano mantiene en su poder, y en que elaborar respuestas es procedente cuando no implica un costo excesivo ni un gasto no previsto en el presupuesto institucional. Antes de la entrega, el órgano deberá tarjar los datos personales de contexto, en aplicación del principio de divisibilidad. La resolución advierte sanciones por incumplimiento, incluyendo multas sobre la remuneración del infractor, y contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente en un plazo de 15 días corridos.
Normas citadas
Ley N° 21.015
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 19.628
Oficio Ord. N° 1102
Oficio N° 32517
Oficio Ord. N° 1106
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Un municipio está obligado a entregar información estadística sobre personas contratadas bajo la Ley N° 21.015 si la solicitud se hace por transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Municipalidad de Isla de Maipo y ordenó entregar la información estadística solicitada, porque puede desprenderse de registros que el órgano mantiene en su poder.
¿Puede un órgano público negarse a responder una solicitud de transparencia alegando que elaborar la respuesta es muy costoso?
En este caso, el Consejo sostuvo que elaborar respuestas es procedente cuando no implica un costo excesivo ni un gasto no previsto en el presupuesto institucional, por lo que el argumento de costo no bastó para negar la entrega.
¿Qué debe hacer un órgano público con los datos personales al entregar información estadística de sus funcionarios o contratados?
En este caso, el Consejo ordenó que, antes de la entrega, el órgano tarje los datos personales de contexto, aplicando el principio de divisibilidad. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en 15 días corridos.
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