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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la desafectación de la calida…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2023

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la desafectación de la calidad de aptitud preferentemente forestal (APF) de un terreno en el marco del decreto ley N° 701, de 1974. Precisó que la desafectación obliga a restituir los incentivos tributarios y bonificaciones recibidos, pero que el terreno pierde esas regalías y no las condiciones naturales de clima y suelo. Concluyó que, si el propietario pretende cortar o explotar bosques o plantaciones tras la desafectación, debe contar con un plan de manejo aprobado por la CONAF y obligarse a reforestar conforme a dicho plan, según los artículos 21 y 22 de la misma norma. Complementó en estos términos el dictamen N° 33.911, de 2014, que había avalado un oficio de la CONAF que no exigía plan de manejo ni reforestación a quienes solicitaran la desafectación.

Normas citadas

  • dl 701/74 art/2
  • dl 701/74 art/4
  • dl 701/74 art/7
  • dl 701/74 art/21
  • dl 701/74 art/22
  • dto 193/98 agric art/3
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre con los incentivos del DL 701 si se desafecta un terreno de su calidad de aptitud preferentemente forestal?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la desafectación obliga a restituir los incentivos tributarios y bonificaciones recibidos, aunque el terreno no pierde sus condiciones naturales de clima y suelo.

¿Se puede cortar un bosque o plantación tras desafectar un terreno de aptitud preferentemente forestal bajo el DL 701?

En este caso, la Contraloría concluyó que, si el propietario pretende cortar o explotar bosques o plantaciones después de la desafectación, debe contar con un plan de manejo aprobado por la CONAF y obligarse a reforestar conforme a dicho plan, según los artículos 21 y 22 del DL 701.

¿Este dictamen cambió la postura anterior sobre exigir plan de manejo en la desafectación de terrenos forestales?

En este caso, la Contraloría complementó el dictamen N° 33.911, de 2014, que había avalado un oficio de la CONAF que no exigía plan de manejo ni reforestación a quienes pidieran la desafectación, precisando ahora esas exigencias para la explotación posterior.

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