El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por una fundación educacional sostenedora de establecimientos, que impugnaba el artículo 3°, inciso sexto, letra a), del DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, norma que restringe las operaciones de los sostenedores con personas relacionadas. La requirente sostenía que dicha prohibición vulneraba sus derechos constitucionales. El Tribunal concluyó que la norma no vulnera el derecho de dominio del artículo 19 N° 24 de la Constitución, pues constituye una forma de regular el uso, goce y disposición de la propiedad, y que la limitación es razonable como medida de fiscalización de fondos públicos destinados a la educación. En consecuencia, se alzó la suspensión del procedimiento y no se condenó en costas a la requirente, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.
Normas citadas
Artículo 3°, inciso sexto, letra a), DFL N° 2 de 1998, Ministerio de Educación
DFL N° 2 de 1996, sobre subvenciones del Estado a establecimientos educacionales
Artículo 93, incisos primero, N° 6° y decimoprimero, Constitución Política de la República
Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
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Preguntas frecuentes
¿Puede un sostenedor de establecimientos educacionales subvencionados realizar operaciones con personas relacionadas si la ley lo prohíbe?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la prohibición del artículo 3°, inciso sexto, letra a), del DFL N° 2 de 1998 no es inconstitucional. Estimó que la restricción a las operaciones con personas relacionadas es una forma de regular el uso y disposición de la propiedad, y que es razonable para fiscalizar fondos públicos destinados a la educación.
¿La restricción a las operaciones de sostenedores con personas relacionadas vulnera el derecho de propiedad?
No, según lo resuelto en este caso. El Tribunal concluyó que la norma no vulnera el derecho de dominio del artículo 19 N° 24 de la Constitución, porque constituye una regulación del uso, goce y disposición de la propiedad y no una privación de ella.
¿Qué ocurre con la suspensión del procedimiento y las costas cuando se rechaza un requerimiento de inaplicabilidad?
En este caso, el Tribunal rechazó el requerimiento, alzó la suspensión del procedimiento y no condenó en costas a la requirente, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.
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