Resumen
La Corte Suprema rechazó, sin costas, el recurso de casación en el fondo interpuesto por una sociedad minera contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había rechazado su reclamación contra una resolución de la Dirección General de Aguas. Esta autorizó la constitución de un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas a favor de un particular. La recurrente sostenía que el beneficiario no era pequeño productor agrícola, según los artículos 4° y 5° transitorios de la Ley N° 20.017, y que la autoridad debió verificar la disponibilidad hídrica y la ausencia de perjuicio a terceros. El tribunal concluyó que estas alegaciones eran nuevas, pues no se habían planteado en la reclamación ni formaron parte del debate previo, por lo que no podían configurar errores de derecho en el fallo impugnado. Además, hizo presente que las leyes N° 20.411 y N° 20.491, invocadas en el recurso, son posteriores a la resolución administrativa y a la reclamación. Se fundó en los artículos 764, 765 y 767 del Código de Procedimiento Civil.