El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2023
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por una sociedad comercial e industrial contra el inciso segundo del artículo 4º bis de la Ley N° 17.322, que impide alegar el abandono del procedimiento en juicios de cobranza laboral y previsional. La requirente sostenía que la norma vulneraba la igualdad y la no discriminación, pues permitía al ejecutante aprovecharse de su propia inactividad: en el caso, una cobranza iniciada por una administradora de fondos de pensiones en 2012 notificó a la demandada casi diez años después. El Tribunal estimó que el sistema de impulso de oficio responde a objetivos constitucionales legítimos de protección de derechos laborales y previsionales, por lo que la imposibilidad de alegar abandono no constituye discriminación arbitraria ni vulnera la igualdad. Hubo voto de disidencia de un ministro, que estimaba que la aplicación de la norma prolongaba una inactividad sin justificación y afectaba la tutela judicial efectiva de la demandada.
Normas citadas
Artículo 4º bis, Ley N° 17.322
Artículo 44, Código de Procedimiento Civil
Artículo 19 N° 2, Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes
¿Se puede alegar el abandono del procedimiento en una cobranza laboral o previsional en Chile?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y estimó que el artículo 4º bis de la Ley N° 17.322 impide alegar el abandono en juicios de cobranza laboral y previsional. Lo considera constitucional porque el sistema de impulso de oficio protege derechos laborales y previsionales.
¿Es inconstitucional que la ley impida alegar el abandono en cobranzas laborales por discriminación o vulneración de la igualdad?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la imposibilidad de alegar el abandono no constituye discriminación arbitraria ni vulnera la igualdad ante la ley. La requirente sostenía que permitía al ejecutante aprovecharse de su propia inactividad, pero el Tribunal no acogió ese argumento.
¿Puede una cobranza previsional iniciada hace muchos años seguir tramitándose sin que el deudor alegue abandono?
En este caso, una cobranza iniciada en 2012 se notificó casi diez años después, y el Tribunal Constitucional rechazó que la aplicación de la norma fuera inconstitucional. Hubo un voto de disidencia que estimaba que esa inactividad sin justificación afectaba la tutela judicial efectiva de la demandada.
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