La Corte Suprema conoció un recurso de protección interpuesto por los padres de un alum…
Sentencia · Corte Suprema · 2024
Resumen
La Corte Suprema conoció un recurso de protección interpuesto por los padres de un alumno contra la cancelación de matrícula decretada por el Colegio San Isidro de Linderos, que alegaban ilegalidad y arbitrariedad en la medida. La Corte de Apelaciones de San Miguel había acogido la acción, pero la Corte Suprema revocó ese fallo y rechazó el recurso. Para ello consideró que la sanción diferenciada se fundó en infracciones previas del alumno y en una carta de compromiso suscrita, que persistió en conductas antirreglamentarias pese a las advertencias, y que la medida se ajusta al reglamento interno del establecimiento y no constituye arbitrariedad. Asimismo, estimó que la sentencia apelada erró al calificar la conducta del alumno como aislada y corregible.
Normas citadas
Artículo 19, numerales 2º y 3º, Constitución Política de la República
Artículo 20, Constitución Política de la República
Auto Acordado de la Corte Suprema sobre recurso de protección
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Preguntas frecuentes
¿Es arbitraria la cancelación de matrícula de un alumno por un colegio si ya existían advertencias y una carta de compromiso?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que no es arbitraria, porque la medida se fundó en infracciones previas del alumno, en una carta de compromiso suscrita y en la persistencia de conductas antirreglamentarias pese a las advertencias, ajustándose al reglamento interno del establecimiento.
¿Puede un tribunal acoger un recurso de protección contra la cancelación de matrícula si la conducta del alumno es considerada aislada y corregible?
En este caso, la Corte Suprema estimó que la sentencia de primera instancia erró al calificar la conducta del alumno como aislada y corregible, y por ello revocó el fallo que había acogido la acción y rechazó el recurso.
¿Cuándo prospera un recurso de protección contra la expulsión o cancelación de matrícula de un estudiante en Chile?
En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por los padres del alumno, concluyendo que la cancelación de matrícula se ajustó al reglamento interno y no constituyó ilegalidad ni arbitrariedad que afecte las garantías invocadas.
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