Resumen del criterio jurisprudencial
Cuestionó la determinación de responsabilidad basada únicamente en el rol de contraparte técnica ministerial, pues las funciones del quejoso no incluían la recepción, custodia, administración o pago con fondos públicos. Además, que en su designación a contrata se estableció que el desempeño de sus funciones no estaba afecto a la rendición de fianza. Reafirmó la necesidad de probar la custodia, administración o pago de fondos públicos del cuentadante para hacer efectiva la responsabilidad civil