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Un trabajador del sector pesquero presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inco…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2021

Resumen

Un trabajador del sector pesquero presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso final del numeral 1) del artículo 125 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que atribuye a la denuncia el valor de presunción simplemente legal de haberse cometido la infracción. El requirente sostuvo que esa presunción vulneraba preceptos constitucionales. El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento en todas sus partes. Estimó que la Constitución no contempla una proscripción general y absoluta de presunciones simplemente legales en materia infraccional administrativa, que la norma tiene razonabilidad legislativa y no discrimina a persona o grupo alguno. Precisó que la existencia de prueba en contrario, su ponderación y la intencionalidad de la conducta son cuestiones de hecho que corresponden al tribunal del fondo, no a esa Magistratura.

Normas citadas

  • Ley N° 18.287, artículo 28, sobre procedimiento ante los Juzgados de Policía Local
  • Constitución Política de la República de Chile
inaplicabilidad por inconstitucionalidadpresunción legalinfracción administrativaLey General de Pesca y Acuiculturaderecho constitucionalprocedimiento infraccionalpresunción de culpabilidadgarantías constitucionales

Preguntas frecuentes

¿La denuncia en materia de pesca puede considerarse una presunción legal de que se cometió la infracción?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que el inciso final del numeral 1) del artículo 125 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que da a la denuncia el valor de presunción simplemente legal de la infracción, no es inconstitucional.

¿La Constitución prohíbe en forma general las presunciones simplemente legales en materia de infracciones administrativas?

En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que la Constitución no contempla una proscripción general y absoluta de presunciones simplemente legales en materia infraccional administrativa, y que la norma impugnada tiene razonabilidad legislativa y no discrimina a persona o grupo alguno.

¿Quién decide si la prueba en contrario o la intencionalidad de la conducta desvirtúan la presunción de una infracción pesquera?

En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que la existencia de prueba en contrario, su ponderación y la intencionalidad de la conducta son cuestiones de hecho que corresponden al tribunal del fondo, y no a esa Magistratura.

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