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Un ciudadano colombiano, que había ingresado a Chile en 2018 por paso no habilitado, re…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

Resumen

Un ciudadano colombiano, que había ingresado a Chile en 2018 por paso no habilitado, reclamó ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra la Resolución Exenta N° 5.525 de la Intendencia Regional de Valparaíso, que dispuso su expulsión por ingreso clandestino. El recurrente alegaba que la autoridad carecía de facultades para expulsarlo sin condena penal previa, que se vulneró su derecho de defensa y que la medida afectaba su unidad familiar, dado que su pareja tiene residencia definitiva y su hijo es chileno. La Corte acogió la reclamación y dejó sin efecto la expulsión. Fundó su decisión en el prolongado lapso, de más de seis años, transcurrido entre la dictación del acto y su notificación, durante el cual la legislación migratoria fue modificada. Estimó que la nueva normativa, contenida en la Ley N° 21.325, exige a la autoridad ponderar aspectos como el arraigo familiar y el interés superior del niño, que la resolución reclamada no consideró. En consecuencia, ordenó a la autoridad administrativa dictar un nuevo pronunciamiento ajustado a la normativa vigente.

Normas citadas

  • Ley N° 21.325
  • Ley N° 1.094
  • Decreto Ley N° 1.094
  • Resolución Exenta N° 5
  • Artículo 141 de la Ley N° 21.325
  • Decreto Supremo 177
  • Decreto Supremo N° 818
  • Artículo 129 de la Ley N° 21.325
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Preguntas frecuentes

¿Puede la autoridad migratoria expulsar a un extranjero por ingreso clandestino sin una condena penal previa en Chile?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la reclamación y dejó sin efecto la expulsión, pero el resumen no indica que haya resuelto de forma general si procede o no la expulsión sin condena penal previa. Lo que sí sostuvo es que la autoridad debía considerar el arraigo familiar y el interés superior del niño.

¿Qué pasa si una expulsión migratoria se notifica años después de dictada la resolución que la dispuso?

En este caso, la Corte consideró que el lapso de más de seis años entre la dictación del acto y su notificación, durante el cual la legislación migratoria fue modificada, era un motivo para dejarla sin efecto. Ordenó a la autoridad administrativa dictar un nuevo pronunciamiento ajustado a la normativa vigente.

¿Debe la autoridad considerar el arraigo familiar al decidir una expulsión de un extranjero con hijos chilenos?

En este caso, la Corte sostuvo que la nueva normativa, contenida en la Ley N° 21.325, exige a la autoridad ponderar el arraigo familiar y el interés superior del niño. Estimó que la resolución reclamada no consideró esos aspectos, lo que motivó que se dejara sin efecto.

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