Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación de los artículos 23 y 24 del decreto N° 662, de 2024, del Ministerio de Hacienda, a bienes muebles en desuso que forman parte de los inventarios de las misiones de Chile en el exterior, esto es, embajadas, consulados y representaciones permanentes ante organismos internacionales. Concluyó que no corresponde aplicar dichas normas a esos bienes. Explicó que, una vez dados de baja, los bienes que no pueden usarse adquieren la condición de residuos, y que la ley exige entregarlos a un gestor autorizado, con autorización sanitaria e inscripción en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, procedimiento que solo tiene aplicación en el territorio nacional. Extender esa obligación a bienes ubicados fuera del país implicaría exigir su traslado a Chile, lo que sería oneroso y contrario al principio del cuidado y buen uso de los recursos públicos.