El Consejo para la Transparencia conoció un amparo deducido por un ciudadano en contra…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo deducido por un ciudadano en contra de la Municipalidad de Quilicura, por la falta de respuesta a una solicitud de información sobre la cantidad de personas contratadas por el organismo bajo la Ley Nº 20.015 (Ley de Inclusión Laboral). Durante la tramitación, el municipio remitió la información requerida, por lo que el Consejo acogió el amparo, teniendo por entregada la información de manera extemporánea. La decisión se fundó en que se cumplió el propósito de la solicitud y la finalidad de la Ley de Transparencia. Contra esta resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, en el plazo de 15 días corridos desde su notificación.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 20.015
Ley N° 19.880
Ley 21.015
Ley N° 18.575
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si una municipalidad no responde a una solicitud de información pública dentro del plazo legal?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo contra la Municipalidad de Quilicura porque no respondió a tiempo, pero teniendo por entregada la información de manera extemporánea, ya que el municipio la remitió durante la tramitación y se cumplió la finalidad de la solicitud.
¿Cuál es el plazo para reclamar de ilegalidad contra una resolución del Consejo para la Transparencia?
Según este documento, contra la resolución del Consejo procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de 15 días corridos desde su notificación.
¿Un organismo público debe informar cuántas personas contrata bajo la Ley de Inclusión Laboral?
En este caso, el Consejo para la Transparencia conoció una solicitud de información sobre la cantidad de personas contratadas bajo la Ley N° 20.015 por una municipalidad, la que fue entregada durante la tramitación del amparo. El resumen no detalla un pronunciamiento sobre la obligación general de informar estos datos.
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