El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación interpuesta por u…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2023
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación interpuesta por una empresa comercializadora contra el Hospital Clínico Metropolitano El Carmen, con motivo de la adjudicación de una licitación pública para la adquisición de equipos de esterilización. La controversia se centró en la legalidad del acta de evaluación y de la resolución de adjudicación. El tribunal acogió la impugnación solo en cuanto declaró ilegales y arbitrarios el acta de evaluación y la resolución que adjudicó la licitación, al exigir certificaciones FDA y CE de forma copulativa. Rechazó la impugnación en lo demás, no adoptó medidas para restablecer el imperio del derecho conforme al artículo 26 de la Ley N°19.886, y dispuso que cada parte pague sus costas. Lo anterior, considerando además que la oferta de la demandante tampoco cumplía con el requisito excluyente de contar con ambas certificaciones.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Es ilegal exigir en una licitación pública certificaciones FDA y CE de forma copulativa para equipos de esterilización?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegales y arbitrarios el acta de evaluación y la resolución de adjudicación por exigir las certificaciones FDA y CE de forma copulativa. Sin embargo, también señaló que la oferta impugnante tampoco cumplía con ambas certificaciones.
¿Qué pasa si se acoge una impugnación contra una adjudicación en una licitación pública según la Ley 19.886?
En este caso, el tribunal acogió la impugnación solo en cuanto declaró ilegal el acta de evaluación y la resolución de adjudicación, pero rechazó la impugnación en lo demás. No adoptó medidas para restablecer el imperio del derecho conforme al artículo 26 de la Ley N°19.886.
¿Quién paga las costas cuando un tribunal acoge parcialmente una impugnación en una licitación pública?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública dispuso que cada parte pague sus costas. La impugnación fue acogida solo parcialmente, y la oferta de la demandante no cumplía con el requisito excluyente de contar con ambas certificaciones.
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