Resumen
La Contraloría General de la República devolvió sin tramitar la resolución de la JUNJI, que aplicaba la medida de destitución a una servidora al término de un sumario. El dictamen constató que los cargos formulados eran imprecisos: no se indicaban la fecha ni las circunstancias de los hechos atribuidos, y la misma deficiencia afectaba a otros cargos que imputaban conductas respecto de párvulos no identificados. Además, recordó que las imputaciones deben ser concretas y detalladas para permitir la defensa del sumariado. Por otra parte, señaló que se infringió el artículo 156, inciso primero, de la ley N° 10.336, que prohíbe decretar sanciones expulsivas desde treinta días antes hasta sesenta días después de la elección presidencial, plazo que no se respetó. Por ello, ordenó subsanar las objeciones y emitir el eventual acto sancionatorio sólo una vez extinguido dicho plazo.