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El Consejo para la Transparencia conoció de un amparo por una solicitud de acceso a cor…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016

Resumen

El Consejo para la Transparencia conoció de un amparo por una solicitud de acceso a correos electrónicos institucionales de la Presidencia de la República. El órgano se había negado a entregarlos argumentando que la Ley de Transparencia no se aplica a la Presidenta y que la información está protegida por garantías constitucionales. En la parte resolutiva, el Consejo reconoce que los correos electrónicos de los funcionarios públicos constituyen una forma de comunicación formal que forma parte del proceso decisional y, por tanto, tienen carácter de información pública, ya que las entidades disponen de servidores y cuentas para el cumplimiento de sus tareas. En consecuencia, los disidentes estiman procedente la entrega de aquellos correos cuya divulgación no afecte el debido cumplimiento de las funciones de la Presidenta, ni comprometa su vida privada, ni limite la adopción de políticas públicas o comprometa gravemente los intereses de la Nación. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo y se informa que en su contra procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, sin que proceda el recurso de reposición.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Decreto supremo N° 634
  • Decreto supremo N° 157
  • Resolución exenta N° 2138, de 2015
  • Resolución N° 109
  • Oficio N° 8.848
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿La Ley de Transparencia aplica a los correos electrónicos de la Presidencia de la República?

El Consejo para la Transparencia determinó que los correos electrónicos de los funcionarios públicos son comunicación formal y parte del proceso decisional, por lo que tienen carácter de información pública.

¿Bajo qué condiciones se puede entregar la información contenida en correos institucionales?

Se puede entregar aquella información cuya divulgación no afecte el debido cumplimiento de las funciones de la Presidenta, ni comprometa su vida privada, ni limite la adopción de políticas públicas o comprometa gravemente los intereses de la Nación.

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