La Corte Suprema conoció un recurso de protección presentado por la Fundación Educacion…
Sentencia · Corte Suprema · 2023
Resumen
La Corte Suprema conoció un recurso de protección presentado por la Fundación Educacional Biblioeduca contra la Subsecretaría de Educación Parvularia, que cuestionaba la Resolución Exenta N° 184 de 2022, la cual rechazó un recurso extraordinario de revisión contra la negativa de ampliar la capacidad de un establecimiento educacional. La fundación alegaba vulneración de la igualdad ante la ley y arbitrariedad. La Corte revocó la sentencia apelada y declaró rechazado el recurso. Fundó su decisión en que la autoridad no podía acceder a la reconsideración especial, pues la normativa legal aplicable lo impedía al establecer plazos y requisitos de presentación de antecedentes que se extinguen al vencer. Concluyó que el acto administrativo no vulneraba las garantías invocadas, fue dictado conforme a la legislación vigente y carecía de arbitrariedad.
Normas citadas
Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República
Artículo 60 de la Ley N° 19.880
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Preguntas frecuentes
¿Puede la Administración revisar de nuevo una decisión administrativa si la norma exige plazos y requisitos para presentar antecedentes?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la autoridad no podía acceder a la reconsideración especial, porque la normativa legal aplicable establece plazos y requisitos de presentación de antecedentes que se extinguen al vencer. Por eso el acto impugnado no fue arbitrario.
¿Un recurso de protección procede contra la negativa de una autoridad educacional a ampliar la capacidad de un establecimiento?
La Corte Suprema revocó la sentencia apelada y rechazó el recurso de protección presentado contra la Subsecretaría de Educación Parvularia. Concluyó que la resolución que rechazó el recurso extraordinario de revisión no vulneraba la igualdad ante la ley ni era arbitraria.
¿Cuándo se entiende que un acto administrativo vulnera la garantía de igualdad ante la ley y es arbitrario?
En este caso, la Corte Suprema estimó que el acto administrativo fue dictado conforme a la legislación vigente y carecía de arbitrariedad, por lo que no vulneraba la igualdad ante la ley. La decisión se fundó en que la autoridad estaba impedida de reconsiderar por los plazos legales vencidos.
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