La Corte de Apelaciones de Puerto Montt conoció una reclamación judicial interpuesta po…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt conoció una reclamación judicial interpuesta por un ciudadano venezolano en contra del Servicio Nacional de Migraciones, que había dictado una orden de expulsión contra él. El tribunal acogió la reclamación, sin costas, y dejó sin efecto la medida. Fundó su decisión en que la expulsión resultaba desproporcionada, atendido el arraigo familiar y laboral del reclamante, el interés superior del niño -hijo escolarizado en la región, que se encuentra en la misma situación migratoria que sus padres- y el principio de protección de la familia, en concordancia con el artículo 4 de la Ley N° 21.325.
Normas citadas
Ley 21.325
Resolución Exenta N° 24
Artículo 129 de la Ley 21.325
Artículo 141 de la Ley 21.325
Resolución Exenta N° 24512803
Oficio Ordinario N° 71361395
Artículo 132 de la Ley 21.325
Artículo 126 de la Ley 21.325
expulsión administrativaingreso por paso no habilitadoproporcionalidadarraigo familiarinterés superior del niñoprotección de la familiaLey 21.325reclamación judicial migratoria
Preguntas frecuentes
¿Procede dejar sin efecto una orden de expulsión administrativa si la medida es desproporcionada por el arraigo familiar del afectado?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió la reclamación y dejó sin efecto la orden de expulsión por considerarla desproporcionada, atendiendo al arraigo familiar y laboral del reclamante, el interés superior del niño y el principio de protección de la familia.
¿Cómo influye el interés superior del niño en una expulsión de un extranjero con hijos escolarizados en Chile?
En este caso, el tribunal sostuvo que el interés superior del niño, hijo escolarizado en la región y en la misma situación migratoria que sus padres, fue un fundamento relevante para considerar desproporcionada la expulsión del padre.
¿Qué criterios usa un tribunal chileno para revisar una expulsión dictada por el Servicio Nacional de Migraciones?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisó la medida a partir del arraigo familiar y laboral del reclamante y del principio de protección de la familia previsto en el artículo 4 de la Ley N° 21.325, sin imponer costas.
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