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La Contraloría General de la República se pronunció sobre una licitación pública munici…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2020

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una licitación pública municipal en la que un oferente fue excluido por no entregar físicamente la garantía de seriedad de la oferta. Las bases exigían su presentación en sobre cerrado y no contemplaban la vía electrónica, pero el oferente la había otorgado electrónicamente conforme a la ley N° 19.799 y la había adjuntado a su propuesta en el sistema de compras públicas. El organismo concluyó que el municipio infringió el artículo 31, inciso segundo, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, al rechazar la oferta por ese motivo. En consecuencia, ordenó a la Municipalidad de San Miguel iniciar un procedimiento de invalidación del acto que adjudicó la licitación, conforme al artículo 53 de la ley N° 19.880, e informar de la decisión a la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago dentro de 30 días.

Normas citadas

  • Ley 19886 art/11
  • DTO 250/2004 hacie art/31 inc/2
  • ley 19799
  • ley 19880 art/53 inc/1
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Qué debe hacer una municipalidad si adjudicó una licitación tras excluir indebidamente a un oferente?

En este caso, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de San Miguel iniciar un procedimiento de invalidación del acto de adjudicación, conforme al artículo 53 de la ley N° 19.880. Además, debe informar la decisión a la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago dentro de 30 días.

¿Prevalece la ley de firma electrónica sobre las bases de una licitación que exigen la entrega física de documentos en sobre cerrado?

En este caso, la Contraloría consideró que la garantía de seriedad otorgada electrónicamente conforme a la ley N° 19.799 era válida, y que las bases, que solo contemplaban la vía física y no la electrónica, no justificaban el rechazo de la oferta. Por eso, el organismo concluyó que el municipio actuó contra el artículo 31, inciso segundo, del decreto N° 250.

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