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La Superintendencia del Medio Ambiente dictó una resolución sancionatoria contra la com…

Resolución · Superintendencia del Medio Ambiente · 2020

Resumen

La Superintendencia del Medio Ambiente dictó una resolución sancionatoria contra la comunidad de copropietarios de un edificio en la comuna de Temuco, por incumplimientos asociados a la caldera a petróleo diésel del inmueble, entre ellos la falta de entrega de mediciones isocinéticas y de la declaración de emisiones. La sanción se impuso conforme a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. La resolución dispone que la multa se pague según las instrucciones publicadas en el portal de la Superintendencia y que su retardo devengue reajustes e intereses del Código Tributario. Si el infractor es una persona jurídica, las personas naturales que la representan responden subsidiariamente del pago. La sanción prescribe a los tres años desde que quede a firme, y una vez firme debe anotarse en el Registro Público de Sanciones de la Superintendencia.

Normas citadas

  • Decreto Supremo N° 78
  • Decreto Supremo N° 8
  • Resolución Exenta N° 1
  • Ley N° 19.300
  • Ley N° 19.880
  • Resolución Exenta N° 85
  • Resolución Exenta N° 2
  • Resolución Exenta N° 3

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre si una comunidad de copropietarios no entrega mediciones isocinéticas ni la declaración de emisiones de su caldera a petróleo diésel?

En este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente sancionó con una multa a la comunidad de copropietarios de un edificio en Temuco por no entregar las mediciones isocinéticas y la declaración de emisiones de la caldera a petróleo diésel.

¿Cómo se paga una multa de la Superintendencia del Medio Ambiente y qué pasa si se paga tarde?

En este caso, la resolución dispone que la multa se pague según las instrucciones del portal de la Superintendencia y que el retardo devengue reajustes e intereses del Código Tributario.

¿Responden las personas que representan a una persona jurídica por el pago de una multa ambiental?

En este caso, la resolución establece que, si el infractor es una persona jurídica, las personas naturales que la representan responden subsidiariamente del pago de la sanción.

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