La Contraloría General de la República se pronunció sobre la facultad del Servicio de R…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2020
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la facultad del Servicio de Registro Civil e Identificación para restringir el acceso de terceros a datos contenidos en los registros públicos que administra. El dictamen concluye que el Servicio está habilitado para impedir ese acceso, de oficio o a petición del interesado, cuando la entrega de datos personales pueda afectar derechos de las personas o su seguridad, conforme al numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia (Ley N° 20.285). Se precisa que la restricción debe ser excepcional y aplicarse solo en casos debidamente calificados por el propio Servicio, según los antecedentes que tenga a la vista.
Normas citadas
Ley 19477 art/3
ley 19477 art/4 num/1
ley 19477 art/4 num/2
ley 19477 art/4 num/7
POL art/8
POL art/19 num/4
ley 20285 art/primero art/5
ley 20285 art/primero art/21 num/2
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿El Registro Civil puede restringir el acceso de terceros a datos personales de sus registros públicos?
Sí. En este dictamen, la Contraloría sostuvo que el Servicio de Registro Civil e Identificación está habilitado para impedir el acceso de terceros a datos de sus registros cuando su entrega pueda afectar derechos o la seguridad de las personas, ya sea de oficio o a petición del interesado.
¿Qué requisitos debe cumplir el Registro Civil para limitar el acceso a datos de sus registros públicos?
La Contraloría precisó que la restricción debe ser excepcional y aplicarse solo en casos debidamente calificados por el propio Servicio, según los antecedentes que tenga a la vista. Así lo resolvió en este caso.
¿En qué norma se funda la facultad del Registro Civil para restringir el acceso a datos personales según la Contraloría?
En este dictamen, la Contraloría la fundó en el numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia (Ley N° 20.285), que permite denegar el acceso a información cuando su divulgación pueda afectar derechos de las personas o su seguridad.
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