Resumen del criterio jurisprudencial
Patricio Rodrigo Sierra González interpone recurso de protección contra la Dirección del Trabajo por la decisión de no renovar su contrata como Fiscalizador desde el 1 de abril de 2026, alegando ilegalidad y arbitrariedad al no expresar causa y configurar una desviación de poder por represalias tras denuncias de bloqueo de adecuaciones laborales solicitadas por su condición de salud. Ingresó el 1 de agosto de 2023 y tuvo sucesivas prórrogas, finalizando el 31 de marzo de 2026. La recurrida argumentó que el término obedecía al vencimiento del plazo propio de los empleos a contrata, sin configurarse confianza legítima ni afectación a garantías constitucionales. La Corte analizó las garantías invocadas (artículo 19 N°1, 2, 16 y 24 de la Constitución), concluyendo que no se acreditó ilegalidad ni arbitrariedad. En particular, señaló que la confianza legítima requiere una permanencia continua de al menos cinco años, estándar no cumplido, y que no hubo vulneración al derecho de propiedad sobre el cargo ni afectación a la integridad psíquica. Por ello, rechazó el recurso.