Resumen
La Contraloría General de la República recibió una solicitud de un peticionario que pedía, nuevamente, ser desafiliado del sistema de pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980, alegando que su traspaso se había hecho sin su consentimiento. El organismo remitió la presentación a la Superintendencia de Pensiones, que informó que ya se había pronunciado en reiteradas ocasiones y que el interesado debía permanecer afecto al sistema, pues no cumplía los requisitos exigidos: incorporación en 1981 o 1982 y ausencia de saldo en su cuenta de capitalización individual, ya que registraba cuotas del Fondo Tipo D y su bono de reconocimiento estaba emitido. Finalmente, la Contraloría concluyó que la facultad para conocer y resolver esta materia corresponde a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, competencia hoy radicada en la Superintendencia de Pensiones, conforme a la ley N° 18.225 y a la ley N° 20.255.