La mayoría del tribunal constitucional, al rechazar el requerimiento de inaplicabilidad…

Resumen

La mayoría del tribunal constitucional, al rechazar el requerimiento de inaplicabilidad del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas, establece que la Constitución reconoce como bien jurídico el control de armas para la protección de la seguridad pública, y que el precepto impugnado restringe el marco legal de la pena, no su individualización judicial, y que no hay una disminución del juicio de culpabilidad judicial ni afectación del principio de dignidad personal; las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal permiten ajustar la necesidad de una pena con la intensidad de la misma, y que no hay infracción al principio de proporcionalidad ni a la igualdad, dado que la ley tiene primacía para efectuar decisiones de política criminal, y el juez aún está facultado para aplicar las circunstancias agravantes y atenuantes del caso concreto, lo que significa que no hay una afectación del principio de proporcionalidad ni a la igualdad, y el legislador tiene el derecho a priorizar el efecto retributivo de la sanción penal. La mayoría fundamenta su decisión en que la norma impugnada restringe el marco penal, y no la individualización judicial, por lo tanto el juez puede aplicar las circunstancias agravantes y atenuantes del caso concreto. Asimismo, el tribunal consideró que la norma, al obligar al juez a graduar la pena dentro de los límites mínimos y máximos establecidos por el legislador, no afecta el juicio de culpabilidad ni el principio de dignidad personal. La norma busca que las penas legales se aproximen a las que efectivamente se deben imponer y que es el legislador quien define la política criminal, dentro de los límites constitucionales.