Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la reclamación de ilegalidad presentada por AFP Capital S.A. en contra de la Resolución N° 130 de 16 de diciembre de 2024, pronunciada por la Superintendencia de Pensiones, que le impuso una multa de 1.000 UF. La recurrente argumentó que la sanción se basó en una incorrecta aplicación de la normativa relativa a la Pensión Garantizada Universal y que la autoridad administrativa vulneró su derecho de defensa. La Corte consideró que, aunque existió una infracción administrativa, la multa impuesta fue superior a la necesaria para satisfacer los fines preventivos y correctivos del derecho administrativo sancionador.