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El Consejo para la Transparencia resolvió declarar inadmisible un reclamo por infracció…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021

Resumen

El Consejo para la Transparencia resolvió declarar inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado en contra del Servicio Electoral. La reclamante buscaba denunciar que se encontraba inscrita en un partido político sin haber firmado para ello, pero no cuestionaba la falta de publicación o de acceso a la información que los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento obligan a mantener en los sitios electrónicos de los órganos de la Administración del Estado. Por ello, el Consejo concluyó que el reclamo carecía de un elemento habilitante para su interposición. Contra esta decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de quince días, pero no el recurso de reposición.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
  • Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadGrupos de interés especial

Preguntas frecuentes

¿Procede un reclamo ante el Consejo para la Transparencia por infracción a la transparencia activa si no se cuestiona la falta de publicación de información?

En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el reclamo porque la reclamante no cuestionaba la falta de publicación o de acceso a la información que exigen los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento, por lo que carecía de un elemento habilitante.

¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo por transparencia activa?

En este caso, el Consejo sostuvo que contra su decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de quince días, y no el recurso de reposición.

¿Puede reclamarse ante el Consejo para la Transparencia contra el Servicio Electoral por una inscripción en un partido político sin firma?

En este caso, el Consejo resolvió que el reclamo presentado contra el Servicio Electoral, que denunciaba una inscripción partidaria sin firma, no era admisible, porque no se fundaba en una infracción a las normas de transparencia activa.

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