Resumen del criterio jurisprudencial
El 16 de septiembre de 2026 la Corte Suprema, a través de su Tercera Sala, confirmó la sentencia apelada en el rol. La causa se originó por una acción constitucional interpuesta por el señor Roberto Rafael Rojas Salazar contra el Servicio Nacional de Migraciones, alegando vulneración del derecho a un plazo razonable y posible discriminación en la tramitación de su solicitud migratoria. La Corte analizó si la demora constituía una infracción al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y si la acción constitucional tenía por objeto acelerar o sustituir procedimientos administrativos. Concluyó que no existían indicios de discriminación ni de violación del plazo razonable, y que la acción no buscaba modificar procesos administrativos en curso. Por tanto, se determinó que no se cumplen los requisitos para conceder la protección solicitada y se confirmó la resolución que rechazó la acción.