El Consejo para la Transparencia acogió un amparo interpuesto contra la Municipalidad d…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo interpuesto contra la Municipalidad de El Quisco, que se había negado a entregar información sobre permisos de edificación otorgados entre 2016 y junio de 2022 en un sector de la comuna. La información solicitada incluía el nombre de los titulares, la dirección, la fecha de otorgamiento y los datos de inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces. El Consejo desestimó la causal de reserva por distracción indebida de funcionarios, por no haber sido justificada ni acreditada, y consideró que se trata de información pública sujeta a deberes de transparencia activa. Ordenó la entrega, previa tarjadura de los datos personales de contexto según la Ley de Protección de la Vida Privada, y dispuso el cumplimiento bajo apercibimiento de sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia, con acreditación posterior de la entrega.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 19.628
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede un municipio negarse a entregar información sobre permisos de edificación alegando que distraería a sus funcionarios?
En este caso, el Consejo para la Transparencia desestimó la causal de distracción indebida de funcionarios, porque la municipalidad no la justificó ni acreditó. Por eso consideró que la información es pública y ordenó su entrega.
¿Qué datos de los permisos de edificación deben entregarse y cuáles pueden tarjarse?
En este caso, el Consejo ordenó entregar la información solicitada, previa tarjadura de los datos personales de contexto conforme a la Ley de Protección de la Vida Privada. La resolución no detalla qué datos específicos quedan tarjados.
¿Qué ocurre si un órgano de la Administración del Estado no cumple una orden de entrega de información del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo dispuso el cumplimiento de su resolución bajo apercibimiento de las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y exigió acreditar posteriormente la entrega de la información.
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