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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra los artículos 248 letra c) y 259 inciso final del Código Procesal Penal, en el marco de una querella por estafa en la que el Ministerio Público había decidido no perseverar en la investigación. La requirente sostenía que dichos preceptos le impedían ejercer la facultad de acusar y sustituir al órgano persecutor. El Tribunal rechazó el requerimiento, al considerar que una acusación particular que cumpla los requisitos del artículo 259 del Código Procesal Penal, examinados por el juez de garantía competente, basta para resguardar el debido proceso y el derecho a defensa del querellado. Con esto, el Tribunal descartó que la aplicación de los preceptos impugnados en esa causa resultara contraria a la Constitución. La sentencia contó con una disidencia.

Normas citadas

  • artículo 248, letra c, de Código Procesal Penal
  • artículo 259, inciso Final, de Código Procesal Penal
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoAcusación penalFormalización de la investigaciónQuerella

Preguntas frecuentes

¿Puede una víctima acusar particularmente en un proceso penal si el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento que cuestionaba que los artículos 248 letra c) y 259 inciso final del Código Procesal Penal impidieran al querellante acusar tras la decisión de no perseverar del Ministerio Público. Concluyó que la aplicación de esos preceptos no era contraria a la Constitución.

¿La acusación particular cumple con el derecho a defensa del acusado en el proceso penal chileno?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que una acusación particular que cumpla los requisitos del artículo 259 del Código Procesal Penal, examinados por el juez de garantía, basta para resguardar el debido proceso y el derecho a defensa del querellado. Con ello descartó la inconstitucionalidad alegada.

¿Qué control realiza el juez de garantía sobre la acusación particular presentada tras el no perseverar del Ministerio Público?

En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que la acusación debe cumplir los requisitos del artículo 259 del Código Procesal Penal y ser examinada por el juez de garantía competente. Ese examen, según el fallo, es suficiente para proteger el debido proceso.

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