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La Corte Suprema conoció una acción de protección presentada por un afiliado contra una…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema conoció una acción de protección presentada por un afiliado contra una Isapre y la Superintendencia de Salud, por el aumento unilateral de la prima GES. El recurrente alegó que el alza era desproporcionada e injustificada y que vulneraba los numerales 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución. La Corte analizó los artículos 206 y 206 bis del DFL N° 1 de 2005, incorporados por la Ley N° 21.674, que regulan la fijación y publicación de los precios de las Garantías Explícitas en Salud. Constató que la prima se determinó por resolución del Ministerio de Salud, conforme al procedimiento legal y bajo fiscalización de la Superintendencia, y que actuó dentro de sus competencias. Concluyó que no hubo acto ilegal ni arbitrario y que no se vulneraron garantías constitucionales. Por ello confirmó la sentencia apelada y rechazó la acción, sin costas.

Normas citadas

  • D.F.L. N° 1
  • Ley N° 21.674
  • Resolución Exenta N° 1
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿Una Isapre puede subir unilateralmente la prima GES y vulnerar garantías constitucionales?

En este caso, la Corte Suprema constató que la prima GES se fijó por resolución del Ministerio de Salud, conforme al procedimiento legal y bajo fiscalización de la Superintendencia de Salud, por lo que no hubo acto ilegal ni arbitrario ni vulneración de garantías constitucionales.

¿Cómo se fijan los precios de las Garantías Explícitas en Salud según la Ley N° 21.674?

En este caso, la Corte analizó los artículos 206 y 206 bis del DFL N° 1 de 2005, incorporados por la Ley N° 21.674, que regulan la fijación y publicación de los precios de las Garantías Explícitas en Salud, y constató que la prima se determinó conforme a esos preceptos.

¿Procede una acción de protección contra el alza de la prima GES por ser desproporcionada?

En este caso, la Corte Suprema rechazó la acción de protección, al concluir que la prima fue determinada dentro de las competencias de los organismos respectivos y que no se acreditó una afectación de los numerales 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución.

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