La Contraloría General de la República dio curso a la resolución N° 122, de 2010, de Ca…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2010
Resumen
La Contraloría General de la República dio curso a la resolución N° 122, de 2010, de Carabineros de Chile, que puso término a la contrata de un funcionario por no ser necesarios sus servicios, a contar del 5 de mayo de 2010. El organismo consideró que la decisión se ajustaba a derecho, pero precisó que sólo podrá surtir efectos desde su total tramitación. Frente a la solicitud del afectado de un pronunciamiento sobre la legalidad del término, la Contraloría se abstuvo de emitirlo, en virtud del artículo 6º de su Ley Orgánica y del artículo 54 de la Ley 19.880, porque el asunto estaba sometido a los tribunales de justicia: se había interpuesto un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Hospital de Carabineros.
Normas citadas
ley 10336 art/6 inc/3
ley 19880 art/54 inc/3
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede la Contraloría pronunciarse sobre la legalidad del término de contrata de un funcionario público si el asunto ya está en tribunales?
No. En este caso, la Contraloría se abstuvo de pronunciarse sobre la legalidad del término de contrata porque el asunto estaba sometido a los tribunales de justicia, ya que se había interpuesto un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
¿Cuándo produce efectos el término de contrata de un funcionario por no ser necesarios sus servicios?
En este caso, la Contraloría consideró ajustada a derecho la resolución que puso término a la contrata, pero precisó que esta sólo podrá surtir efectos desde su total tramitación.
¿Qué efecto tiene el hecho de que exista un recurso de protección pendiente sobre una decisión administrativa que la Contraloría debe tramitar?
En este caso, la pendencia de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago llevó a la Contraloría a abstenerse de emitir pronunciamiento sobre la legalidad del acto, en virtud de su Ley Orgánica y de la Ley 19.880.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
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