Resumen
La Contraloría General de la República no tomó razón de las resoluciones N°s 402 y 403, de 2011, dictadas por la Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago. Estos actos otorgaban el auxilio de la fuerza pública a la Secretaría Regional Ministerial de Salud para que Carabineros de Chile detuviera a una persona condenada al pago de una multa, a fin de que cumpliera un día de prisión por cada décimo de unidad tributaria mensual adeudado, con un máximo de 60 días. El organismo concluyó que los actos no se ajustaban a derecho porque, pese a referirse a dos infracciones cursadas a una misma persona jurídica, presentaban discordancias que impedían verificar los datos del infractor y de su representante: el número de cédula de identidad, el orden del nombre y apellido, y la razón social de la empresa multada, que variaba entre ambos instrumentos.