El Tribunal Calificador de Elecciones conoció la apelación interpuesta contra la senten…
Sentencia · Tribunal Calificador de Elecciones · 2025
Resumen
El Tribunal Calificador de Elecciones conoció la apelación interpuesta contra la sentencia del Tribunal Electoral de la Región de O'Higgins, que había acogido parcialmente un requerimiento de cesación en el cargo contra un concejal de la comuna de Malloa. La controversia se originó en que el concejal había presentado una candidatura sobre la base de un certificado de culminación de estudios emitido por un instituto, documento que el Servicio Electoral aceptó y con el que se registró su postulación como válida. El Tribunal resolvió rechazar el requerimiento de remoción, por estimar que no se acreditó que el requerido hubiera actuado de mala fe ni gravemente en la conducta denunciada, y que no se probó que persiguiera un beneficio personal ni que causara un perjuicio de entidad a la comuna. En consecuencia, consideró desproporcionada la sanción de remoción e inhabilitación para ejercer cargos públicos, dejó sin efecto la inhabilitación por cinco años y la orden de remitir antecedentes al Ministerio Público, revocando en lo apelado la sentencia de primera instancia.
Normas citadas
Ley N° 18.883
Ley N° 18.695
Oficio Ord. N° 1540
Artículo 120 de la Ley N° 18.883
Artículo 60 de la Ley N° 18.695
Artículo 40 de la Ley N° 18.695
TRICELjusticia electoralApelación
Preguntas frecuentes
¿Procede la cesación en el cargo de un concejal que presentó una candidatura con un certificado de estudios cuestionado?
En este caso, el Tribunal Calificador de Elecciones rechazó el requerimiento de remoción, porque no se acreditó que el concejal actuara de mala fe ni que persiguiera un beneficio personal o causara un perjuicio de entidad a la comuna. Estimó desproporcionada la sanción de remoción e inhabilitación.
¿Cuándo es desproporcionada la sanción de remoción e inhabilitación de un concejal por irregularidades en su postulación?
En este caso, el Tribunal consideró desproporcionada esa sanción porque la conducta no fue gravemente negligente ni de mala fe, y tampoco se probó un beneficio personal ni un perjuicio importante para la comuna. Por ello dejó sin efecto la inhabilitación por cinco años.
¿Debe el tribunal remitir los antecedentes al Ministerio Público cuando se cuestiona la validez de una candidatura municipal?
En este caso, el Tribunal dejó sin efecto la orden de remitir antecedentes al Ministerio Público que había dispuesto el tribunal de primera instancia, al revocar en lo apelado la sentencia. No se acogió el requerimiento de remoción.
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