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La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 428, de 2010, del Mini…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 428, de 2010, del Ministerio de Educación, que distribuye recursos de la Beca de Excelencia Académica del Programa de Becas de Educación Superior, por estar ajustado a derecho. Sin embargo, el órgano hizo presente una demora: el decreto fue dictado en noviembre de 2010, retirado de tramitación por el Ministerio y reingresado para control recién en julio de 2011. Según el dictamen, esa tardanza infringe los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y celeridad previstos en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y en la Ley de Procedimiento Administrativo, y la toma de razón se practicó con ese alcance.

Normas citadas

  • ley 18575 art/3 inc/2
  • ley 18575 art/8
  • ley 19880 art/7
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un decreto de un ministerio se demora mucho en ser enviado a Contraloría para su toma de razón?

En este caso, la Contraloría tomó razón del decreto por estar ajustado a derecho, pero advirtió que su largo retraso en el reingreso para control infringió los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y celeridad de la administración del Estado.

¿Puede la Contraloría tomar razón de un decreto y, al mismo tiempo, reprochar la demora en su tramitación?

Sí, según este dictamen: la Contraloría tomó razón del decreto de distribución de la Beca de Excelencia Académica por estar ajustado a derecho y dejó constancia de que la toma de razón se practicó con el alcance de haberse demorado su tramitación.

¿Qué principios de la administración del Estado se consideran vulnerados cuando un acto administrativo tarda en tramitarse?

En este caso, el organismo sostuvo que la demora en tramitar el decreto vulneró los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y celeridad previstos en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y en la Ley de Procedimiento Administrativo.

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