Resumen
La Corte Europea de Derechos Humanos rechazó las demandas de tres empresas lituanas que alegaban una vulneración del derecho a un juicio justo. Las compañías habían sido excluidas de sus proyectos empresariales por razones de seguridad nacional, debido a vínculos de sus accionistas con servicios secretos rusos y con el régimen de Lukashenko en Bielorrusia. Sostenían que las decisiones se fundaron en evidencia clasificada que no les fue divulgada, lo que afectaba sus derechos a un procedimiento contradictorio y a la igualdad de armas. La Corte concluyó que las restricciones fueron compensadas por otras garantías procesales, que las empresas pudieron participar efectivamente y examinar a los accionistas centrales en los cargos, y que la información clasificada no fue decisiva, pues las decisiones se apoyaban también en numerosos documentos no clasificados. Por ello, no constató violación del artículo 6 § 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.