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Se informa un recurso de protección deducido contra la Contraloría General de la Repúbl…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2006

Resumen

Se informa un recurso de protección deducido contra la Contraloría General de la República, que había determinado mediante tres dictámenes (2006) que la Dirección General de Aguas no actuó conforme a derecho al denegar solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas a favor de una sociedad agrícola. El organismo contralor pidió que se desestime el recurso, sosteniendo que no existió acto ilegal ni arbitrario de su parte ni vulneración de la igualdad ante la ley ni del derecho de propiedad. Argumentó que la intención final de la Dirección General de Aguas era conceder los derechos a la sociedad, de modo que cualquier amenaza o privación debía reclamarse a la Administración y no a la Contraloría. Agregó que, al ejercer el control de juridicidad, debe representar las actuaciones irregulares sin invadir la competencia de la Administración o del Poder Judicial, y que los particulares pueden recurrir a la Administración o a los tribunales para restablecer el ordenamiento jurídico.

Normas citadas

  • Ley 20.017
  • Ley N° 10.336
  • Código de Aguas
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Código Civil
  • Resolución N° 186, de 1996
  • Artículo 1° de la Ley N° 18.575
ContraloríaCGRdictamenaguas

Preguntas frecuentes

¿Qué debe hacer un particular si considera que un dictamen de Contraloría le causa amenaza o privación en sus derechos sobre aguas?

Según la Contraloría en este caso, cualquier amenaza o privación debe reclamarse ante la Administración, dado que la intención final del servicio era conceder los derechos solicitados. Los particulares también pueden recurrir a los tribunales para restablecer el ordenamiento jurídico.

¿Vulnera la Contraloría la igualdad ante la ley o el derecho de propiedad al representar la denegación de solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas?

En este caso, la Contraloría negó que sus dictámenes vulneren la igualdad ante la ley o el derecho de propiedad, pues su función es velar por la juridicidad de las actuaciones administrativas. Sostuvo que su actuación se limitó a representar las irregularidades detectadas en la Dirección General de Aguas.

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