Resumen
La Corte Europea de Derechos Humanos rechazó las demandas de cinco solicitantes que cuestionaban la penalización de la compra de actos sexuales en Francia, por considerar que esa legislación afectaba su vida privada conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Corte reconoció que la medida constituye una injerencia, pero la estimó legítima y proporcional: no existe consenso europeo sobre cómo abordar la prostitución, el fenómeno es complejo y comprende cuestiones morales sensibles, por lo que Francia dispone de un amplio margen de apreciación. El tribunal consideró que el dispositivo legislativo, que busca desincentivar la demanda, proteger a las personas prostituidas, prevenir el ingreso a la prostitución y facilitar la reinserción, logra un justo equilibrio entre los intereses en juego. Por ello concluyó, por unanimidad, que no hubo violación del artículo 8. Asimismo, instó a las autoridades a mantener un examen constante de este enfoque, en especial por tratarse de una prohibición general y absoluta de la compra de actos sexuales.