El Consejo para la Transparencia conoció un amparo de acceso a la información presentad…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo de acceso a la información presentado por un particular contra el Poder Judicial, en el que se pedía acceder a información en poder de ese organismo. El Consejo declaró inadmisible el amparo por falta de competencia, al considerar que el Poder Judicial no está sujeto a la Ley de Transparencia según lo dispuesto en su Reglamento. Se fundó además en el Auto Acordado de 30 de octubre de 2008, que atribuye a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del propio Poder Judicial la competencia para conocer los reclamos por infracciones a las normas de transparencia de ese poder y de sus tribunales. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de 15 días corridos desde la notificación, y no procede el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadJusticia
Preguntas frecuentes
¿El Consejo para la Transparencia puede conocer un amparo de acceso a la información dirigido contra el Poder Judicial?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo por falta de competencia, al considerar que el Poder Judicial no está sujeto a la Ley de Transparencia según su Reglamento. Además, atribuyó la competencia al Auto Acordado de 2008 de la Comisión de Transparencia del propio Poder Judicial.
¿Cómo se puede impugnar una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo por falta de competencia?
En este caso, se señaló que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de 15 días corridos desde la notificación. No procede el recurso de reposición contra esta decisión.
¿Quién conoce los reclamos por infracciones a las normas de transparencia del Poder Judicial?
En este caso, el Consejo sostuvo que el Auto Acordado de 2008 atribuye esa competencia a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del propio Poder Judicial, para los reclamos por infracciones a sus normas de transparencia y de sus tribunales.
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