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La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago conoció un reclamo de ilegalidad…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago conoció un reclamo de ilegalidad interpuesto por una empresa farmacéutica contra la decisión del Consejo para la Transparencia, que había acogido un amparo y ordenado entregar expedientes administrativos sobre vacunas COVID-19. La empresa sostenía que la entrega afectaba sus derechos comerciales y, en ese contexto, invocaba también la seguridad nacional. El tribunal rechazó el reclamo, con costas, por aplicación de los principios de máxima divulgación y divisibilidad, según los cuales la información debe entregarse en los términos más amplios posibles, excluyendo solo lo que esté sujeto a excepciones legales. Además, el Consejo había dispuesto expresamente qué información debía excluirse de la entrega. Respecto de la seguridad nacional, la Corte estimó que la reclamante no estaba legitimada para invocarla y que no había sido planteada formalmente en la reclamación.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Artículo 28 de la Ley N° 20.285
acceso a la información públicaLey N°20.285reclamo de ilegalidadcausal de reservaderechos económicos y comercialessecreto comercialprincipio de máxima divulgaciónprincipio de divisibilidad

Preguntas frecuentes

¿Puede una empresa oponerse a la entrega de información pública de un organismo del Estado alegando que afecta sus derechos comerciales?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad de una farmacéutica y confirmó la entrega de los expedientes. Aplicó los principios de máxima divulgación y divisibilidad, por lo que solo se excluye lo que esté sujeto a una excepción legal.

¿Qué ocurre si una empresa invoca la seguridad nacional para impedir la entrega de antecedentes públicos en un proceso de transparencia?

En este caso, la Corte estimó que la empresa reclamante no estaba legitimada para invocar la seguridad nacional y que tampoco la había planteado formalmente en su reclamación. Por eso no fue considerada para denegar la entrega.

¿Cómo se determina qué parte de la información de un expediente administrativo debe entregarse cuando hay algunos datos que podrían estar protegidos?

En este caso, el Consejo para la Transparencia dispuso expresamente qué información debía excluirse de la entrega, y el resto debía entregarse. La Corte confirmó esta decisión aplicando el principio de divisibilidad, según el cual solo se omite lo que esté cubierto por una excepción legal.

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