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La Contraloría General de la República se pronunció sobre cuándo se entiende practicada…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2013

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre cuándo se entiende practicada una notificación por carta certificada conforme al artículo 46, inciso segundo, de la ley N° 19.880. El dictamen concluye que el plazo se cuenta desde la fecha de recepción de la carta estampada por la oficina de correos del domicilio del notificado, desde la cual corren los tres días que dispone la norma. Para ello considera que el inciso primero del mismo artículo fija ese domicilio como el designado por el implicado, y que el contexto de la norma exige armonía entre ambos incisos. Asimismo, desestima la aplicación del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de una materia regulada expresamente por la ley N° 19.880, normativa especial para los procedimientos administrativos de la Administración del Estado, incluidas las municipalidades.

Normas citadas

  • ley 19880 art/46 inc/2
  • ley 19880 art/46 inc/1
  • CCI art/22
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Desde cuándo se cuenta el plazo cuando una notificación administrativa se practica por carta certificada?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que el plazo se cuenta desde la fecha de recepción de la carta estampada por la oficina de correos en el domicilio del notificado, desde la cual corren los tres días que dispone el artículo 46, inciso segundo, de la ley N° 19.880.

¿Cuál es el domicilio que se considera para la notificación por carta certificada en un procedimiento administrativo?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el inciso primero del artículo 46 fija como domicilio el designado por el implicado, y que ambos incisos del artículo deben interpretarse en armonía.

¿Se aplica el Código de Procedimiento Civil para resolver dudas sobre notificaciones en procedimientos administrativos?

En este caso, la Contraloría desestimó la aplicación del Código de Procedimiento Civil, porque la materia está regulada expresamente por la ley N° 19.880, normativa especial para los procedimientos administrativos de la Administración del Estado, incluidas las municipalidades.

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