Resumen
La Resolución N°36 de 2024, dictada por la Contraloría General de la República, redefine los márgenes del trámite de toma de razón y amplía las exenciones a su control preventivo. La medida se presenta como un instrumento de modernización administrativa, pero plantea interrogantes de fondo sobre el equilibrio entre eficiencia y legalidad, el control ex ante del gasto público, y las garantías de probidad y transparencia que caracterizan a nuestro modelo. Este artículo examina críticamente sus alcances, tensiones y riesgos institucionales.