Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema acogió un recurso de protección en contra de la Administradora Municipal de Torres del Paine, revocando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que lo había rechazado. La Corte determinó que existía vulneración de garantías constitucionales en la remoción de la administradora. Se ordenó al alcalde dictar el acto administrativo formal que materialice la remoción de Patricia Andrea Ávila Montero, declarando vacante el cargo. La decisión se basó en la interpretación de la Ley N°18.695 sobre Municipalidades y los derechos indubitados del recurrente. Hubo voto disidente del Ministro Matus.